La corrupción en el sector público es uno de los
problemas más complicados que enfrenta la sociedad Colombiana. La mala
administración de los recursos del Estado, es sin duda un factor que influye en
los bajos índices de desarrollo y prosperidad de la población en general. Los
índices de percepción de la corrupción en Colombia, demuestran que este sí es
un problema a combatir, y que lo que actualmente se hace no es suficiente, como
lo demuestra Transparencia por Colombia:
“En el índice de Percepción de Corrupción de
Transparencia Internacional, Colombia partió de un puntaje de 2,2/10 en 1998.
Tras alcanzar un puntaje de 3,9/10 en 2006, en 2011 tuvo una puntuación de 2,8
y se ubicó en el puesto 80 entre 183 países y territorios.
Según LAPOP – Barómetro de las Américas 2011, la
percepción de corrupción en el país es de 81%, frente a 78,2% en 2010. Es el
valor más alto que se ha encontrado desde 2004, el primer año en que se realizó
el estudio. Sin embargo, solo es un problema prioritario para el 12% de los entrevistados.
En la opinión de los empresarios, la corrupción es el
factor que más dificulta la competitividad para las empresas privadas
colombianas, según estudia el estudio Doing Business 2012, del Banco Mundial.
La Segunda Encuesta Sobre Prácticas Contra el Soborno
en Empresas Colombianas 2010, realizada por Transparencia por Colombia y la
Universidad Externado de Colombia, arroja que el 93% de los empresarios
considera que hay empresarios que ofrecen sobornos en sus negocios, mientras
que el 26% de ellos afirma tener programas e inversiones contra el soborno.
Según el Barómetro Global de la Corrupción 2010, un
52% afirma que las prácticas corruptas van en aumento. Un 35% piensa que las
medidas tomadas han sido eficaces mientras que un 46% percibe lo contrario.
Los partidos políticos y el Congreso reciben una
calificación de 4,2/5, donde 1 es nada corrupto y 5 muy corrupto. Los sectores
mejor calificados por los colombianos encuestados son la educación, las ONG y
los medios de comunicación, con calificaciones de 2,5/5, 2,6/5 y 2,7/5
respectivamente.
En el Barómetro, los colombianos calificaron con 3,8
el nivel de percepción de corrupción de la rama judicial. Según el estudio
LAPOP 2011, el sistema de justicia nacional fue catalogado por los colombianos,
en una escala de 0 a 100, con un nivel de confianza de 51,8, por debajo del
promedio de confianza del total de instituciones (53,4).
Los resultados del Índice de Transparencia de las
Entidades Públicas señalan que sólo el 8% de las entidades públicas evaluadas (exceptuando
las de naturaleza especial) se ubican en bajo riesgo de corrupción.”[1]
Se estima que en Colombia, la corrupción maneja 6
billones de pesos[2], cifra
que seguramente no refleja la realidad, a pesar de los esfuerzos que se hacen
por combatir algunos casos emblemáticos, como el carrusel de la contratación,
agro ingreso seguro, y los desfalcos a los recursos de la salud.
Según el informe de gestión de la Fiscalía General de
la Nación 2013-2014[3], la
Unidad Nacional Anticorrupción, ha realizado 24 imputaciones, 19 acusaciones,
62 archivos y 2 preclusiones, en el sistema penal acusatorio de la Ley 906 de
2004. Por otra parte, en las actuaciones de la Fiscalía que tienen que aplicar
la ley 600 de 2000, se han realizado 26 inhibitorios, 22 situaciones jurídicas
con medida de aseguramiento, 39 situaciones jurídicas sin medida de
aseguramiento, 26 calificaciones con acusación, 16 calificaciones con
preclusión, 20 preclusiones por el artículo 39[4]. Estas cifras solo muestran una parte de la
actuación de la Fiscalía General de la Nación en los casos de alta connotación
nacional, pero si evidencia una baja productividad, y la falta de una política
criminal más fuerte hacia el fenómeno de la corrupción.
La corrupción en términos generales significa el abuso
del poder público para el beneficio privado. Sin embargo, el fenómeno de la
corrupción es un problema que no sólo afecta el sector público, sino que
también se presenta en el sector privado, porque en la empresa privada también
se pueden presentar actos de corrupción que afectan el patrimonio de una
compañía y por ende los intereses de los socios. Lo más desafortunado es que la
corrupción produce una relación necesaria que vincula el sector público y el
sector privado, donde ambos dan para recibir, pero todo se hace por fuera de la
Ley. En fin, la corrupción es un fenómeno tan complicado que se puede presentar
todo tipo de comportamientos, así como lo explica el profesor Andrés Roemer:
“La corrupción puede envolver
promesas, amenazas o ambas; puede ser iniciada por un servidor público o un
cliente interesado; puede darse con actos de omisión o comisión; puede
generarse con servicios lícitos o ilícitos; puede estar dentro o fuera de una organización pública.”[5]
Y muy a pesar de los efectos tan nocivos de la
corrupción, la política criminal del Estado parece ser más efectiva para la
delincuencia callejera, que para la delincuencia de cuello blanco.
“Quien
recorra las prisiones de máxima seguridad de ciudades y pueblos en
Latinoamérica o sus “reformatorios” –en realidad deformatorios-, hechos para
jóvenes transgresores, se encontrará con lo que desde hace años constituye un
nuevo estereotipo caracterizado por la coloración de la piel, casi siempre
negra o pardusca: tienen un modo de andar y de vestir parecidos: jeans,
chaqueta o algún abrigo negro, cautela frente al visitante, la mirada huidiza,
ojos brillantes, marcas en la cara y, casi siempre varios dientes menos.
Poseen
denominadores comunes: son gente “de abajo”, humildes, en el límite crítico del
hambre y la exclusión, que han tomado por desesperación el atajo de las
adicciones o de la delincuencia, ante la miseria. Provienen de barrios
paupérrimos, de casas de lata, sin luz ni sanitarios. Han vivido atenaceados por
el desempleo. Y, en realidad, seres que no saben si van a comer ese día y no
tienen alimentos para llevar a su casa ni medicamentos si sus hijos se
enferman; nunca fueron hombres libres, aunque formalmente las leyes puedan
decir lo contrario.
En esta suerte
de selectividad penal, no cabe duda de que el derecho penal y la ley aplicable
resultan clasistas. El otro denominador común que los liga es estar presos por
similares delitos: homicidios, hurtos, robos, asalto a mano armada, violación
de domicilio…”[6]
Otra cosa
ocurre con la delincuencia de cuello blanco, quién sin lugar a dudas, encuentra
mayor libertad en su accionar:
“Hay una
tipología humana de delincuentes que viven “del” y “por” el delito. Viven muy
bien. Son exitosos en la vida y su estereotipo no ha podido ser definido, pero
sí cierta identidad. A simple vista se advierte que son francamente simpáticos,
usan la misma marca de perfume y corbatas que algunos jueces, mandan a estudiar
a sus hijos en los mismos colegios que los fiscales, se ven peinados como
abogados, son amigos o vivieron bajo el ala de algún ministro o algún militar o
legislador. En sus opulentas mansiones “dan comidas”, tanto en la ciudad como
en la costa y, por lo general, se irritan cuando hablan del robo del equipo de
sonido del automóvil, de su mujer o de los de sus hijos, de que fueron
víctimas, y de la consecuente inacción policial. Van a los programas de
televisión que sus empresas financian y se posesionan de ciertos aires a la
hora de poner la sonrisa y modular la expresión. Saben a qué cámara mirar… Más
que delincuentes, son financieras que, para vaciar un banco, primero lo fundan…
En el caso
supuesto, conjetural, impertinente e hipotético (todo ello) de que alguno fuera
detenido y, más tarde, condenado, sería innecesario efectuarle uno de esos
“tratamientos para la readaptación social” porque es innegable que poseen un
alto grado de socialización… No nos indignemos, pero en realidad si de
establecer comparaciones se trata, deberemos concluir que socialmente ¡Son
parecidos a muchos de nosotros!”[7]
El profesor
Neuman afirma que:
“la delincuencia callejera o urbana sirve de
chivo expiatorio. Hace que los ojos y el pensamiento de multitudes de personas
giren hacia ella y no capten u olviden –frente a la cortina de humo creada- otros
problemas mucho más acuciantes y serios que suelen generarse en y por la
delincuencia económica.”[8]
Igualmente
expone el siguiente análisis:
“un
único delito cometido por un grupo de inteligencia o por un solo funcionario
desde las alfombras rojas de un ministerio, un banco, una entidad financiera o
una empresa multinacional produce más daño (medido por el coste social,
económico y número de víctimas) que aquellos causados por la totalidad de
autores de delitos contra la propiedad, alojados en estos momentos en la
cárceles de Latinoamérica.”[9]
Así por ejemplo, los “excesivos precios al consumidor fijados por oligopolios,
la acción de empresas monopólicas de tipo multinacional y la constante evasión
de impuesto y de capitales que fluyen hacia cuentas bancarias del extranjero:
se trata de delitos que inhiben el desarrollo de regiones que son
potencialmente ricas en desmedro económico y moral de sus pueblos.”[10]
De esta
manera, que expuesta una desafortunada diferencia entre la política criminal
dirigida a la criminalidad callejera y la política criminal dirigida a la
criminalidad económica, pues “Mientras la política criminal de la criminalidad
callejera está impulsada por campañas de ley y orden o de seguridad ciudadana y
las asociaciones de víctimas, la política criminal de la criminalidad económica
no está impulsada por actores sociales, porque la ciudadanía no percibe su dañosidad social (salvo
colectivos concretos y normalmente pequeños) y porque los principales agentes
susceptibles de cometer dichos ilícitos son sujetos bien situados en las
esferas económicas y políticas, no interesados en criminalizar conductas que
bordean lo ilícito.”[11]
“Cuando se
habla de corrupción se habla de un enemigo mortal de la vida en democracia y de
la erosión de las instituciones. De asesores presidenciales, en número
indeterminado, según ocurre en Argentina, que se prevalen de sus cargos y
credenciales para vender influencias, exigir porcentajes y comisiones frente a
trámites de radicación de industrias y de capitales. De minorías de
funcionarios que no trepidan en hacer sus negocios millonarios en dólares, sin
siquiera tocar ese dinero. Basta que quede asentada en la cuenta cifrada de
algún banco suizo o estadounidense la “comisión” que se recibe de alguna
empresa transnacional o aun vernácula, por el aviso oportuno de la
desvalorización monetaria.”[12]
A pesar de
todo, son los delitos relacionados con
la corrupción, los que gozan de mayor impunidad, y así lo comenta el profesor
NEUMAN:
“Delitos
que se deben, en buena parte, a la corrupción y al soborno en el que
intervienen empresas estatales y privadas, en peculiares asociaciones ilícitas
adscritas a la codicia y sin que les importe la acción de la justicia.”[13]
Y muy a pesar de esta situación “los controles sociales formales del poder
punitivo estatal (ley penal, policía, justicia, administración carcelaria y
post carcelaria) centran deliberadamente su mira en la parte más débil de la
delincuencia. Lo que López Rey llamara la criminalidad del pobre diablo”, los
ladrones de garrafas y gallinas.”[14]
Ahora bien, en cuanto a sus efectos, la corrupción es
un fenómeno social que tiene la facultad de afectar a toda una población de un
país:
“La corrupción en el sector público
constituye un grave problema, toda vez que distorsiona los objetivos de la
políticas públicas, desperdicia y redistribuye recursos hacia actividades
socialmente poco productivas y crea inestabilidad y desconfianza en el
gobierno. La corrupción no es entonces sólo una falta o delito que transfiera
recursos de un grupo a otro dentro de la sociedad, es en su conjunto un
problema social que lastima a las instituciones y merma al estado de derecho,
al no respetar la ley y operar en perjuicio del entorno político, económico y
social en un país.”[15]
La corrupción en el sector público se presenta en un
esquema tripartito, en el que participan, por un lado el Estado, por el otro el
funcionario público y por último, el ciudadano. En este esquema, lo ideal es
que el funcionario público haga cumplir con los mandatos y fines del Estado a
través de la función pública, y con ello, beneficie al ciudadano con los
servicios que debe prestar el Estado. Sin embargo, cuando se presenta la
corrupción, el ciudadano y el funcionario público, se ponen de acuerdo para
desligarse de los fines del Estado, y lograr objetivos particulares, así lo
explica el profesor Andrés Roemer:
“La corrupción se presenta en un
esquema tripartito, en el que actúan el gobierno (llamémosle el principal), un
representante del gobierno (el agente) y un ciudadano (cliente). El principal
plantea políticas públicas a través del agente. Por su parte, el cliente es el
destinatario de los planes del gobierno y de las leyes. Como ciertas acciones
del agente –distintas a las deseadas por las autoridades- pueden beneficiar al
cliente, éste tiene incentivos para sobornar al agente; es decir, ofrecerle un
pago en efectivo o en especie a modo de que modifique su conducta en favor de
los intereses particulares del cliente.”[16]
Como consecuencia de este esquema, se produce un proceso
de apropiación del servicio público, donde el servidor público, termina
comportándose como propietario del servicio, y no como un servidor. Así lo explica el profesor Andrés Roemer:
“El agente hace su respectivo
análisis costo-beneficio, procesando información de beneficio esperado y de
probabilidad de ser atrapado y eventualmente encontrará que existen incentivos
a desligarse de su obligación de actuar como representante del gobierno y
presentar una conducta oportunista. De esta forma, el agente actúa como si
prestara un servicio por su cuenta, es decir, como propietario de un negocio de
prestación de servicios. Una vez desligado del principal, el agente se
comportará racionalmente y tratará de sacar el máximo beneficio propio.”[17]
Se menciona también en el trabajo del profesor Roemer, que el oportunismo del funcionario que se
apropia de un servicio público y los desvía para fines particulares, es una
conducta prevista como probable en la administración pública, razón por la cual,
todo Estado estructura un complejo sistema de investigación, procedimientos y
sanciones[18], para
prevenir y corregir el fenómeno de la corrupción. Sin embargo, este sistema
correctivo, no es siempre muy eficiente, pues es muy difícil saber qué
funcionario se está desviando de los fines del Estado[19],
y los costos de un monitoreo estricto, no permiten una implementación eficiente[20].
En todo caso, debe tenerse en cuenta, que en un aparato gubernamental permeado
por la corrupción, el sistema de control y vigilancia, también es susceptible
de corrupción, lo que hace más difícil su implementación.
Para combatir la corrupción, el profesor Andrés Roemer,
en su estudio plantea varias estrategias preventivas. La primera es, mejorar la
prestación de los servicios públicos por parte del Estado, la mala calidad y la
demora, son las razones más concurrentes por las cuales, un ciudadano acude a
la corrupción, para lograr un servicio de mayor calidad y en menor tiempo[21].
La implementación de los cargos de carrera administrativa, lo cual permite
garantizar una estabilidad laboral para los servidores públicos, y una menor
propensión hacia la corrupción, pues permite, un mejor sentido de pertenencia del
funcionario por su cargo, y su dignificación como servidor público, además que elimina la incertidumbre del
funcionario, de garantizar los ingresos futuros, pues su estancia en su cargo
no depende, ni del tiempo, ni del arbitrio de su jefe, sino del buen desempeño
de su trabajo[22]. Y por
último, se requiere de la organización de un sistema de prevención de prácticas
corruptas, que divulgue y socialice las conductas indeseables, para generar un
rechazo moral hacia los comportamientos inapropiados, y que necesariamente debe
estar acompañado, de un organismo de control y vigilancia que imponga sanciones[23],
con el objetivo, de que los funcionarios, luego de realizar un análisis de
costos-beneficios, se persuadan de no realizar actos corruptos, por el temor de
ser descubiertos y sancionados.
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Más información:
[1] TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. Corrupción en Colombia. En
la página Web: http://www.transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=536, consultada el día 30 de
Diciembre de 2014.
[2] PORTAFOLIO. Contrabando impidió generar
899.000 empleos en 2012. 16 de Octubre de 2013. http://www.portafolio.co/economia/colombia-se-lavan-38-billones-al-ano. Consultado el 14 de Enero de 2015.
[3] FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Informe de
Gestión 2013-2014. Publicado en la siguiente página web: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-Fiscalia-2013-2014-web_final.pdf, consultada el 14 de Enero de 2015.
[4] Cifras tomadas del informe de gestión de la
Fiscalía General de la Nación de 2013-2014. Pág.94. Publicado en la siguiente
página web: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-Fiscalia-2013-2014-web_final.pdf, consultada el 14 de Enero de 2015.
[5]
ROEMER, Andrés. Economía del Crimen. Editorial Limusa. México D.F.
2001.Pág. 236.
[6] NEUMAN, Elías. Los que viven del delito y los
otros. La delincuencia como industria. Tercera edición. Temis. Bogotá. 2005.
págs.2-3
[8] Op. Cit. Pág.4
[9] Op. Cit. Pág.4
[10] Op. Cit. Pág.11
[11] ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. Viejas y nuevas tendencias político
criminales en las legislaciones penales. 579-606. Derecho Penal Liberal y
Dignidad Humana. Libro homenaje al Doctor Hernando Londoño Jiménez. Temis.
Bogotá. 2005. Pág. 594.
[15] Págs. 236-237.
[16] ROEMER, Andrés. Ob. Cit. Pág. 241.
[17] Ob. Cit. Pág. 247.
[18] Ver Ob. Cit. pág. 246.
[19] Se menciona incluso, que en los actos de
corrupción, es casi imposible detectarlos, pues los delincuentes de cuello blanco,
son especialistas en ocultar sus conductas a través de contratos y documentos
fraudulentos. Por regla general, los actos de corrupción se descubren por
denuncias realizadas por empleados inconformes o por esposas resentidas.
[20] Ver ROEMER, Andrés. Ob. Cit. págs. 246-247.
[21] Ob. Cit. Pág. 253
[22] Ob. Cit. Pág. 265.
[23] Ob. Cit. Págs. 265-267.
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